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Adiós a las facturas en papel: el importante cambio que llega para las empresas españolas

Autor

Aliges asesoría Empresarial

Fecha de Publicación

17 de septiembre de 2024

El mundo empresarial en España está en el umbral de un cambio significativo en la gestión de las facturas. A partir de julio de 2025, las empresas que facturen más de 8 millones de euros deberán emitir y recibir facturas electrónicas, como parte de las medidas establecidas en la Ley Crea y Crece. Esta normativa, que busca mejorar la eficiencia y combatir el fraude fiscal, afectará a todas las empresas y autónomos, quienes tendrán que adaptarse al nuevo sistema en los próximos años.

¿Qué establece la Ley Crea y Crece?

La Ley Crea y Crece, en vigor desde 2022, tiene como objetivo impulsar el crecimiento empresarial, eliminando barreras y reduciendo los trámites administrativos. Uno de sus aspectos clave es la facturación electrónica obligatoria en las relaciones entre empresas (B2B), lo que implica el fin de las facturas en papel y su sustitución por documentos electrónicos más eficientes y seguros.

Este cambio se producirá de forma gradual, comenzando con las empresas de mayor tamaño y extendiéndose posteriormente a las pymes y autónomos. La facturación electrónica no solo busca facilitar la gestión empresarial, sino también combatir la morosidad y mejorar el control fiscal por parte de la Agencia Tributaria.

¿A quién afecta este cambio?

La implementación de la facturación electrónica obligatoria se realizará en dos fases:

  • Empresas con una facturación superior a 8 millones de euros: deberán adaptarse antes de julio de 2025. Para ellas, la facturación electrónica será obligatoria en sus relaciones B2B.
  • Pymes y autónomos: tendrán más tiempo para implementar el sistema, ya que la obligación para ellos comenzará en julio de 2026. Esto les proporcionará un margen adicional de un año para ajustar sus procesos.

Beneficios de la facturación electrónica

El cambio hacia la facturación electrónica no solo es una obligación normativa, sino que también trae consigo múltiples beneficios para las empresas:

  • Reducción de costes: La facturación electrónica elimina gastos relacionados con la impresión, envío postal y almacenamiento de facturas en papel. Además, permite la automatización de los procesos administrativos, lo que mejora la eficiencia operativa.
  • Mayor eficiencia: Las empresas pueden integrar la facturación electrónica con sus sistemas contables y de gestión, acelerando los procesos y reduciendo los errores humanos.
  • Transparencia y seguridad: Al digitalizar las facturas, se mejora el control y seguimiento de las transacciones, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reduciendo los riesgos de fraude.
  • Sostenibilidad: El uso de facturas electrónicas contribuye a la reducción de residuos y promueve prácticas empresariales más sostenibles.

¿Cómo pueden prepararse las empresas para este cambio?

Para adaptarse a este nuevo escenario, las empresas deberán:

  • Implementar software de facturación electrónica que cumpla con los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria. Este software no solo debe permitir la emisión de facturas electrónicas, sino también garantizar la correcta remisión de la información a las autoridades fiscales.
  • Formar al personal encargado de la gestión administrativa y contable para que maneje estas nuevas herramientas de manera efectiva.
  • Analizar los procesos internos de facturación para identificar posibles áreas de mejora y asegurar una transición fluida.

Las pymes, en particular, deberán aprovechar este tiempo adicional para adaptarse y evitar dificultades cuando la obligación entre en vigor en 2026.

El futuro de la facturación en España

El cambio hacia la facturación electrónica representa un paso crucial en la transformación digital de las empresas españolas. Aunque inicialmente pueda parecer un reto, a largo plazo este sistema aportará beneficios en términos de eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

En resumen, la obligatoriedad de la facturación electrónica para todas las empresas a partir de 2026 es un avance importante en la modernización del tejido empresarial. Las grandes empresas comenzarán a implementar este sistema en 2025, mientras que las pymes y autónomos tendrán un año más para adaptarse. Aunque el proceso de transición pueda ser complejo, los beneficios a largo plazo son indudables.

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